Riesgo inherente y riesgo residual

El riesgo inherente es el que existe antes de aplicar ningún control. El residual es el que queda después de aplicar los controles elegidos. Pongamos un correo corporativo sin doble factor: el riesgo de robo de cuentas es alto. Con doble factor, filtrado de correo y formación, baja a medio o bajo, pero no desaparece.

Esta distinción sirve para dos cosas. Por un lado, demuestra a la dirección qué ha conseguido la inversión en seguridad. Por otro, obliga a decidir si el riesgo residual es aceptable o si hace falta otra medida. Las auditorías ISO 27001 y ENS piden que ese riesgo residual esté documentado y aprobado por alguien con autoridad, normalmente el propietario del activo o la dirección.

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Indicadores clave de riesgo en ciberseguridad

Los indicadores clave de riesgo (KRI) avisan de que un riesgo está creciendo antes de que se convierta en incidente. Algunos ejemplos útiles son el porcentaje de equipos con parches críticos pendientes más de 30 días, el número de cuentas con privilegios de administrador, el porcentaje de empleados que hacen clic en simulaciones de phishing o los días que han pasado desde la última prueba de restauración de copias.

Cada indicador necesita un umbral. Si más del 5 % de los portátiles lleva un mes sin actualizar, salta la alerta y alguien tiene que actuar. Con cinco o seis indicadores bien elegidos y revisados cada mes, el comité de dirección puede seguir la evolución del riesgo sin entrar en detalles técnicos.

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Riesgos de terceros y proveedores tecnológicos

Muchas brechas entran por un proveedor: la gestoría que accede al ERP, el desarrollador externo con acceso al servidor o el software de gestión que se actualiza solo. Por eso la gestión de riesgos incluye a terceros.

Lo mínimo es tener un listado de proveedores con acceso a sistemas o datos, clasificarlos según su criticidad y pedir a los más importantes evidencias de seguridad, como una certificación ISO 27001, la conformidad con el ENS o un cuestionario firmado. Los contratos deben incluir cláusulas de confidencialidad, notificación de incidentes en plazo y derecho de auditoría. NIS2 y DORA ya exigen este control de la cadena de suministro a las entidades obligadas.

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Plan de respuesta a incidentes y continuidad

Por bien que se gestionen los riesgos, algún incidente acabará ocurriendo. El plan de respuesta define quién decide, a quién se llama y en qué orden se actúa durante las primeras horas: aislar equipos, conservar evidencias, avisar al proveedor de ciberseguro y notificar a la AEPD en un máximo de 72 horas si hay datos personales afectados.

El plan de continuidad va un paso más allá y responde a cómo sigue funcionando el negocio mientras los sistemas están caídos. Fija el tiempo máximo de parada que se puede tolerar en cada proceso y cuántos datos se pueden perder como máximo. Ambos planes deben ensayarse al menos una vez al año con un simulacro, porque es ahí donde aparecen los teléfonos desactualizados y las contraseñas que nadie encuentra.

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Preguntas frecuentes

Es el proceso para identificar las amenazas digitales que pueden afectar a una organización, medir su probabilidad e impacto y decidir qué medidas aplicar a cada una. Permite gastar el presupuesto de seguridad donde más daño se evita.

Son cinco: identificar, analizar, evaluar, tratar y revisar. Primero se hace un inventario de activos y de las amenazas y vulnerabilidades que les afectan. Después se estima la probabilidad y el impacto de cada escenario y se ordena en una matriz de riesgos. Con ese orden se elige el tratamiento (mitigar, transferir, evitar o aceptar) y, por último, se revisa el análisis de forma periódica o cada vez que cambia algo importante en la empresa.

La amenaza es lo que puede causar daño, la vulnerabilidad es la debilidad que lo permite y el riesgo es la combinación de ambas sobre un activo concreto. Un ransomware es una amenaza. Un servidor sin actualizar es una vulnerabilidad. El riesgo es la posibilidad de que ese ransomware cifre ese servidor y pare la facturación durante una semana.

La distinción importa porque sobre la amenaza la empresa casi nunca puede actuar, mientras que sobre la vulnerabilidad y el impacto sí. Por eso la gestión de riesgos se centra en cerrar debilidades y en reducir las consecuencias, por ejemplo con copias de seguridad aisladas.

La ISO/IEC 27005 es la norma específica para el análisis y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Se aplica junto a la ISO/IEC 27001, que es la certificable y exige ese análisis. Para riesgos corporativos en general existe la ISO 31000.

Depende del sector, pero casi todas tienen alguna obligación. El RGPD exige a cualquier empresa que trate datos personales aplicar medidas de seguridad adecuadas al riesgo, lo que en la práctica supone hacer un análisis de riesgos. Si la pyme presta servicios tecnológicos a la Administración, debe cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Y si trabaja en un sector afectado por NIS2 o es proveedora de una entidad financiera sujeta a DORA, sus clientes le pedirán evidencias de que gestiona sus riesgos. Aunque no hubiera obligación legal, un análisis sencillo con una matriz de 3x3 ayuda a decidir en qué invertir primero.

Es una tabla que cruza la probabilidad de cada escenario con su impacto para obtener un nivel de riesgo, normalmente de bajo a crítico. Sirve para decidir qué atender primero.

La responsabilidad final es de la dirección, que aprueba qué riesgos se asumen. El trabajo diario lo coordina el CISO o el responsable de seguridad, con apoyo de las áreas de riesgos, cumplimiento y auditoría interna. En las pymes suele asumirlo el responsable de sistemas junto con un proveedor externo. Con NIS2, los directivos de las entidades obligadas pueden responder personalmente si no supervisan estas medidas.

En España es muy común PILAR, la herramienta del CCN basada en la metodología MAGERIT, sobre todo en el sector público y en empresas que cumplen el ENS. En el ámbito privado se usan plataformas GRC (gobierno, riesgo y cumplimiento) como Archer, ServiceNow GRC u OneTrust, que centralizan inventario, riesgos, controles y evidencias.

Muchas pymes empiezan con una hoja de cálculo bien estructurada, y es una opción válida si se mantiene al día. A eso se suman escáneres de vulnerabilidades como Nessus u OpenVAS para detectar debilidades técnicas.

Al menos una vez al año y siempre que haya un cambio relevante, como un sistema nuevo, una fusión o un incidente grave.

Una base técnica en informática, redes o telecomunicaciones, completada con formación específica en ciberseguridad, normativa y análisis de riesgos. Son muy valoradas certificaciones como ISO 27001 Lead Implementer, CISM o CRISC, y un programa de posgrado orientado a riesgos y cumplimiento ayuda a dar el salto desde puestos técnicos.