Readmisión o indemnización tras una sentencia

Cuando un juez declara improcedente un despido en España, la decisión pasa a la empresa. El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores le da cinco días desde la notificación de la sentencia para elegir entre readmitir a la persona o pagarle la indemnización. Si no elige nada, se entiende que opta por la readmisión.

Elegir la readmisión tiene un coste añadido, los salarios de tramitación, que equivalen a lo que la persona dejó de cobrar desde el despido hasta la sentencia, o hasta que encontró otro empleo si fue antes. Si la empresa paga la indemnización, el contrato se extingue en la fecha del cese efectivo y no hay salarios de tramitación.

Cambia la regla cuando la persona despedida es representante legal de los trabajadores o delegado sindical. En ese caso la opción siempre le corresponde a ella, y si no la ejerce se entiende que escoge la readmisión.

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Preaviso y licencia para buscar empleo

En el despido por causas objetivas la empresa no puede cortar la relación de un día para otro. El artículo 53 del Estatuto exige un preaviso de quince días, que se cuentan desde que se entrega la comunicación personal hasta que termina el contrato.

Durante ese tiempo la persona trabajadora tiene derecho a una licencia de seis horas semanales, sin pérdida de retribución, para buscar un nuevo empleo. Es un derecho que se suele pasar por alto, porque en la carta nadie lo menciona.

Si la empresa se salta el preaviso, el despido no se vuelve improcedente por eso solo. La ley prevé que debe pagar los salarios correspondientes a ese periodo. Lo mismo ocurre con un error excusable al calcular la indemnización, que obliga a pagar la cantidad correcta pero no cambia la calificación del despido.

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Periodo de consultas antes de un despido masivo

Antes de tramitar un despido colectivo, la empresa tiene que abrir una negociación con los representantes de los trabajadores. El artículo 51 del Estatuto fija que este periodo de consultas dure como máximo treinta días naturales, o quince si la empresa tiene menos de cincuenta trabajadores.

La consulta debe tratar al menos sobre cómo evitar o reducir los despidos y cómo atenuar sus consecuencias con medidas como la recolocación o la formación para mejorar la empleabilidad. Se hace en una única comisión negociadora, de un máximo de trece miembros por cada parte.

La empresa acompaña la comunicación de apertura con una memoria explicativa de las causas, la documentación contable y fiscal y los informes técnicos que se exijan. La autoridad laboral recibe copia de todo ello y puede pedir un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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Situaciones en las que el despido es nulo por ley

Aparte de la discriminación y la violación de derechos fundamentales, el artículo 55.5 del Estatuto lista situaciones en las que el despido es nulo salvo que se declare procedente por motivos ajenos a ellas. Protegen sobre todo a quienes están ejerciendo derechos de conciliación o de protección.

Entre ellas están las personas trabajadoras durante la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo y la lactancia, y las trabajadoras embarazadas desde el inicio de la gestación.

También quienes han solicitado o disfrutan de determinados permisos, de adaptaciones de jornada o de excedencias, las víctimas de violencia de género o sexual por ejercer sus derechos, y quienes se reincorporan tras una suspensión por nacimiento, siempre que no hayan pasado más de doce meses desde el hecho.

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Preguntas frecuentes

En España hay tres tipos de despido: el disciplinario, el objetivo y el colectivo. Después, un juez puede calificar el despido como procedente, improcedente o nulo.

El Estatuto de los Trabajadores regula el despido disciplinario en los artículos 54 y 55, el despido por causas objetivas en los artículos 52 y 53 y el despido colectivo en el artículo 51. El artículo 55 y el 56 recogen las calificaciones de procedente, improcedente y nulo, que dependen del resultado del juicio y no de la voluntad de la empresa.

El disciplinario castiga un incumplimiento grave y culpable del trabajador y, si es procedente, no da derecho a indemnización. El objetivo no depende de una falta del trabajador, sino de causas como la ineptitud sobrevenida, la falta de adaptación a cambios técnicos o motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. En ese caso la empresa debe poner a su disposición veinte días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, y dar quince días de preaviso.

Dan derecho a indemnización el despido objetivo procedente, con veinte días de salario por año y un máximo de doce mensualidades, y el despido improcedente, con treinta y tres días por año y un máximo de veinticuatro mensualidades, si la empresa opta por indemnizar en lugar de readmitir. El despido disciplinario procedente no da indemnización, y el despido nulo lleva a la readmisión con los salarios dejados de percibir. En los despidos colectivos, la notificación individual sigue las reglas del despido objetivo. Los periodos inferiores a un año se prorratean por meses.

Ningún tipo de despido impide cobrar el paro por sí mismo. La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 267, incluye entre las situaciones legales de desempleo el despido colectivo, el despido y la extinción por causas objetivas. Esto vale también para el disciplinario procedente. Lo que de verdad cierra la puerta es no haber cotizado lo suficiente, porque la escala del artículo 269 empieza en 360 días cotizados dentro de los seis años anteriores. Tampoco da paro la dimisión voluntaria ordinaria, que no es un despido.

La Ley Federal del Trabajo distingue entre despido justificado, el que se apoya en alguna causa del artículo 47, y despido injustificado, el que no la tiene o no se prueba. El justificado no genera indemnización. El injustificado permite al trabajador pedir la reinstalación o una indemnización de tres meses de salario, según el artículo 48.

El despido justificado se apoya en una de las causas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, como faltas de probidad, violencia, más de tres faltas de asistencia en treinta días o presentarse bajo los efectos del alcohol. El patrón debe avisar por escrito con la conducta y las fechas. Si no lo hace, se presume que el despido fue injustificado. En ese caso el trabajador puede reclamar la reinstalación o la indemnización, más salarios vencidos hasta por doce meses e intereses si el juicio se alarga.

La indemnización por despido improcedente es de treinta y tres días de salario por año de servicio, con un máximo de veinticuatro mensualidades, según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Los periodos de menos de un año se prorratean por meses. Para contratos firmados antes del 12 de febrero de 2012, la disposición transitoria undécima aplica cuarenta y cinco días por año al tiempo anterior a esa fecha, con sus propios límites. La empresa puede elegir readmitir en lugar de pagar.

El plazo es de veinte días hábiles para cualquier despido, también el disciplinario, el objetivo y el colectivo.

El artículo 59.4 del Estatuto de los Trabajadores fija que la acción contra el despido caduca a los veinte días siguientes a aquel en que se produjo, y que esos días son hábiles. Presentar la solicitud de conciliación ante el órgano público competente interrumpe el plazo. Pasado ese tiempo no se puede impugnar el despido, aunque la causa fuera dudosa, y cada día cuenta.

El finiquito por despido es la liquidación de las cantidades que la empresa debe al trabajador cuando termina el contrato. No es una indemnización, así que existe en cualquier tipo de despido, incluso en el procedente. El artículo 49.2 del Estatuto obliga a la empresa a acompañar la comunicación con una propuesta de documento de liquidación. El trabajador puede pedir que un representante legal de los trabajadores esté presente en la firma y hacerlo constar en el recibo.