¿Qué es y cuál es la función de Compliance en las empresas españolas?

El Compliance se refiere al conjunto de procedimientos y políticas vigentes para garantizar que una organización y sus integrantes se adhieran al marco regulatorio aplicable.

También ayuda a mejorar la imagen de marca, la reputación y el reconocimiento de una empresa en la sociedad al proyectar una imagen de transparencia y cumplimiento.

Además de las leyes, este marco normativo incluye normas internas de cumplimiento, códigos éticos, políticas internas o compromisos con proveedores o clientes.

En otras palabras, estas medidas permiten supervisar el cumplimiento de la ley en todas las áreas para anticipar soluciones y evitar sanciones.

El Compliance llega a España luego de un largo camino recorrido en el ámbito empresarial anglosajón. Nació en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980 cuando, tras grandes escándalos financieros y de corrupción que afectaron a importantes empresas, se promulgó la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (1977), que incluía requisitos y prohibiciones sobre sobornos, libros y registros.

Esta es una función relativamente nueva en España, iniciada hace unos años atrás por dos sectores ampliamente regulados, como el financiero y el farmacéutico, e inicialmente sólo circunscrita al cumplimiento de las leyes.

No obstante, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica –y luego, con la entrada en vigencia de su texto definitivo el 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016–, se ha incrementado el interés por la función de Compliance. Más allá de su carácter penal, las empresas españolas han tomado una mayor sensibilidad hacia el cumplimento como base estructural de la organización, una disciplina que se valora como prioritaria desde la alta directiva.

En España se aprecia un creciente esfuerzo y dedicación por parte de las empresas, en la gestión de los riesgos de cumplimiento y una gran mayoría de las organizaciones cuentan con una política de cumplimiento interna, lo que denota preocupación por la observancia.

Asimismo, un importante número de organizaciones disponen de un inventario de riesgos de cumplimiento y se apoyan en herramientas de control como los códigos éticos o de conducta, así como en otros más personales como el cumplimiento contractual.

En España, las organizaciones de mayor tamaño han sido las primeras en implementar la función de cumplimiento. Según la consultora internacional, Deloitte, el 78% de las organizaciones de más de 5.000 empleados cuentan con una función de Compliance, mientras que este porcentaje disminuye al 38 % en las empresas de menos de 5.000 empleados.

La tendencia más generalizada de cómo implementan las empresas españolas el Compliance, alineadas con las mejores prácticas globales, es que existe un equipo especializado en Compliance, dirigido por el Compliance Officer, que en algunos casos puede coexistir con un órgano colegiado.

Este equipo suele estar subordinado a un Consejo de Administración, lo que asegura su autoridad e independencia dentro de la organización para dar cumplimiento a sus funciones.

Las organizaciones españolas, en líneas generales, parecen necesitar de medios para aplicar el Compliance en forma efectiva, esto se infiere de datos de la consultora internacional Deloitte, “si tenemos en cuenta que un 40 % de las empresas que solo tienen una persona dedicada a cumplimiento normativo a tiempo completo cuentan con más de 5.000 empleados y que cerca del 30 % cuentan con más de 10.000 empleados.”

Este hecho manifiesta tal vez un desconocimiento o falta de comprensión de lo que significa realmente la función de cumplimiento normativo, lo que resulta lógico tomando en consideración que se trata de una función de origen anglosajón, sin mayor tradición en la cultura española y difícil de entender en muchas ocasiones ya que además es de reciente data.

En este sentido, preparar a los mejores profesionales, conocedores del marco regulatorio y normativo español, así como de la ISO31000 o norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones, se hace vital en las empresas para evitar sanciones.

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