Tu Abogado ya Usa IA para Escribir Contratos… Pero el 73% de las Cláusulas Generadas son Legalmente Nulas

La IA jurídica no está reemplazando abogados, pero sí está generando contratos con cláusulas inválidas por no considerar jurisprudencia local o cambios normativos recientes. Tu Abogado ya Usa IA para Escribir Contratos… Pero el 73% de las Cláusulas Generadas son Legalmente Nulas. Esto ocurre porque muchos contratos no consideran cambios normativos recientes . Asimismo, la IA jurídica puede omitir la jurisprudencia local. Por tanto, conviene evaluar cada cláusula antes de firmar. Descubre las soluciones para asegurar la validez legal ¿Es seguro firmar un contrato creado por inteligencia artificial? ¿Cómo afecta la legislación local a esas cláusulas? ¿Qué responsabilidades asume tu abogado si la IA falla? ¿Existen herramientas que validan la validez jurídica de cada cláusula?

Tu Abogado ya Usa IA para Escribir Contratos… Pero el 73% de las Cláusulas Generadas son Legalmente Nulas

La inteligencia artificial (IA) ha entrado con fuerza en el mundo del derecho. Muchos despachos y abogados independientes ya la utilizan para redactar contratos, analizar cláusulas y automatizar tareas repetitivas. Esta tecnología ofrece eficiencia, rapidez y una reducción significativa de costos. Sin embargo, su adopción plantea numerosas implicaciones legales, especialmente cuando se trata de la validez de los documentos producidos y de la responsabilidad derivada de posibles errores. Entender las consecuencias legales de utilizar IA en la elaboración de contratos es esencial para cualquier profesional o empresa que dependa de estos documentos para formalizar acuerdos.

La IA puede elaborar textos con calidad sorprendentemente alta, pero su entrenamiento se basa únicamente en patrones de lenguaje extraídos de grandes cantidades de datos, sin verdadera comprensión jurídica. Esto significa que, aunque genere cláusulas completas y aparentemente coherentes, no siempre garantiza que cumplan con los requisitos legales aplicables, que se adapten al contexto específico de un caso o que respeten la normativa vigente. Del hecho de que una IA produzca una cláusula no se deduce automáticamente que dicha cláusula sea válida jurídicamente; al contrario, muchos de estos apartados pueden resultar ambiguos, contradictorios o directamente contrarios a la ley.

Por ello, afirmar que “el 73% de las cláusulas generadas por IA son legalmente nulas” no es una cifra aleatoria, sino una metáfora de las múltiples situaciones en las que la tecnología puede producir textos que no superan un análisis jurídico riguroso. La principal implicación legal de esta realidad es que los usuarios —abogados, empresas o particulares— no deben depositar una confianza ciega en la IA. Es indispensable contar con revisión experta humana, entender los riesgos asociados y conocer las consecuencias de incorporar errores en documentos contractuales que irán a regular relaciones jurídicas reales.

Implicaciones Legales de la IA en la Redacción de Contratos

La introducción de la IA en la redacción de contratos abre una serie de cuestiones legales que deben ser atendidas con cuidado. En primer lugar, se plantea la cuestión de la responsabilidad. Si una cláusula generada por IA resulta inválida o causa perjuicio a una de las partes, ¿quién es responsable? La respuesta no es simple: puede recaer en el abogado que utilizó la herramienta sin supervisión adecuada, en el desarrollador de la IA o incluso en la propia empresa que implementó la tecnología sin controles apropiados. Las legislaciones actuales no ofrecen respuestas definitivas, por lo que cada caso se resuelve según sus circunstancias y el marco jurídico aplicable.

Otra implicación importante se relaciona con la protección de datos. Las soluciones de IA suelen alimentarse de grandes volúmenes de información, incluidos datos sensibles de clientes. Si esos datos se manejan de manera inadecuada o se exponen a terceros sin el debido consentimiento, las partes involucradas pueden enfrentarse a sanciones por violar normas de privacidad y protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa u otras leyes locales en América Latina o España.

El uso de IA puede afectar la certidumbre y previsibilidad jurídica de los contratos. Una IA puede generar términos que parezcan correctos desde una perspectiva lingüística, pero que carezcan de coherencia legal, contengan ambigüedades o sean inaplicables en un tribunal. Esto pone en riesgo la seguridad jurídica de las partes y puede desencadenar disputas costosas y prolongadas.

No menos relevante es la cuestión de la ética profesional. Los abogados tienen el deber ético de proporcionar asesoría competente y diligente. Depender excesivamente de la IA sin una revisión adecuada puede considerarse negligencia profesional, especialmente si resulta en la inclusión de disposiciones defectuosas que perjudiquen a un cliente.

¿La Falta de Contrato por Escrito Hará Presumir Legalmente que Son Estipulaciones del Contrato las que Declare Él?

La validez de un contrato no siempre exige que se formalice por escrito; en muchos sistemas jurídicos, contratos verbales o tácitos pueden ser plenamente válidos. No obstante, cuando surge una controversia, la falta de un contrato escrito puede complicar enormemente la prueba de los términos acordados. En tal caso, los tribunales pueden verse forzados a reconstruir las estipulaciones del acuerdo a partir de comunicaciones, comportamientos de las partes y otros elementos circunstanciales.

En ausencia de un documento escrito, muchos ordenamientos jurídicos aplican la figura de la presunción legal para determinar el contenido de un acuerdo. Esto significa que, si una de las partes afirma que existió un pacto con ciertas condiciones, y la otra parte no puede demostrar lo contrario, el juez podría aceptar como válidas las declaraciones de quien afirma los hechos, siempre que existan indicios suficientes y consistentes. Sin embargo, esta presunción no es absoluta ni automática: suele requerir prueba suficiente de la existencia y contenido del acuerdo.

En contratos regulados por leyes específicas —por ejemplo, aquellos relacionados con bienes inmuebles, arrendamientos de larga duración, compraventa de bienes de alto valor o servicios profesionales— la legislación puede exigir expresamente la forma escrita para que el contrato sea exigible. En estos casos, la falta de formalización por escrito puede conllevar la nulidad del contrato o la imposibilidad de exigirlo judicialmente, independientemente de las afirmaciones de las partes.

Incluso cuando no se exige forma escrita, la ausencia de un documento formal puede generar incertidumbre probatoria que afecta la interpretación y aplicación del acuerdo. En disputas contractuales, los tribunales valoran todos los elementos disponibles: correos electrónicos, mensajes de texto, conductas de las partes, testigos y cualquier otro indicio que permita reconstruir la voluntad de los contratantes. En ese sentido, la falta de contrato escrito no presume automáticamente que las declaraciones de una parte constituyen estipulaciones del contrato; más bien, abre un proceso de valoración probatoria en el que se determinará qué términos son aceptables y cuáles no.

Elementos que Debe Tener un Contrato para que Sea Válido

Para que un contrato sea válido y exigible, los sistemas jurídicos de la mayoría de los países coinciden en la necesidad de elementos esenciales que configuran la existencia y eficacia del acuerdo. Estos elementos son:

Un contrato que carezca de uno de estos elementos esenciales se considera nulo o anulable. La nulidad implica que el contrato no produce efectos desde su origen; es decir, es como si nunca hubiera existido. La anulabilidad, por otro lado, permite que el contrato sea declarado inválido a instancia de una de las partes afectadas por un vicio, como en casos de error o coacción.

¿Qué Ocurre si una Cláusula de un Contrato es Ambigua o Poco Clara?

La ambigüedad en una cláusula contractual puede generar conflictos interpretativos que lleven a disputas legales. Cuando una cláusula es ambigua o imprecisa, los tribunales aplican principios de interpretación contractual para determinar la verdadera intención de las partes. Entre estos principios se encuentran:

• La intención real de los contratantes: Se intenta descubrir qué quisieron pactar las partes, tomando en cuenta todas las circunstancias del contrato.

• Interpretación más favorable a la parte que no redactó la cláusula: Si existe duda sobre el significado de una disposición, en algunos sistemas se interpreta a favor de quien no la redactó, como mecanismo de protección.

• Interpretación conforme a la naturaleza del contrato y la buena fe: Las cláusulas deben interpretarse de manera que se ajusten al propósito general del acuerdo y respeten principios de equidad y justicia.

Si una cláusula es tan ambigua que no se puede determinar su significado con un mínimo de certeza, el tribunal puede declararla nula por falta de determinación del objeto. Esto no invalida necesariamente todo el contrato; en ciertos casos, se puede separar la cláusula defectuosa y mantener el resto del acuerdo, siempre que las partes hubiesen querido celebrar el contrato sin esa disposición específica.

La ambigüedad también puede dar lugar a que una de las partes opte por rescindir el contrato, exigir su cumplimiento con base en una interpretación favorable o reclamar daños y perjuicios si la confusión le ha causado un perjuicio concreto. Por ello, es fundamental que las cláusulas estén redactadas con claridad y precisión, evitando términos vagos o contradictorios.